 |
| Foto Diario Expreso. Trámite de certificados PJ - Guayas |
El certificado de antecedentes policiales, conocido también como récord policial y requerido para realizar trámites administrativos en instituciones públicas y privadas, fue eliminado.
En su lugar se estableció el certificado de antecedentes penales, que será extendido por el Ministerio del Interior a través de su página web. La resolución fue emitida por el presidente Rafael Correa, mediante el decreto N° 1166, suscrito el 17 de mayo.
El certificado de antecedentes policiales era emitido por la Policía Judicial. En Guayaquil, el trámite se realizaba en las oficinas de esa dependencia y en las Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC). En Pichincha, hasta el 2010, existían siete dependencias para tramitarlo. Alrededor de 1.200 certificaciones se entregaban diariamente.
Para obtener el documento los usuarios cancelaban cinco dólares. Debían llevar cédula y papeleta de votación. En los dos últimos años ya no se exigía adjuntar una fotografía. El trámite podía tomar entre cinco y cuarenta minutos.
El artículo 2 del mencionado decreto precisa que el certificado de antecedentes penales será entregado gratuitamente. La solicitud se realizará únicamente a través del portal web www.ministeriodelinterior.gob.ec. El trámite puede ser directo o por vía judicial.
Los facultados para pedir el documento son las personas naturales o jurídicas, como oferentes de empleo, prestadores de servicios públicos o privados. Como paso previo a obtener la información se deberán señalar los motivos específicos del requerimiento.
El Ministerio del Interior enviará el certificado de antecedentes penales por la misma vía que fue solicitado. El artículo 2 también expresa que en ningún caso se podrá trasladar la obligación de obtener el certificado a la persona que busca el empleo o al usuario de cualquier servicio público o privado.
Aunque el artículo anterior especifica la forma de obtener el certificado, la única disposición general establece una prohibición.
La normativa dice que queda prohibido, tanto para el sector público como privado, exigir como requisito a ninguna persona que aspire a un empleo o que realice trámites en entidades de los sectores señalados, la presentación del certificado de antecedentes penales.
La resolución derogó el reglamento sustitutivo para la emisión del récord, publicado el 12 de julio de 1995. Ese decreto dotaba tanto al sector público como al privado de elementos "de juicio suficientes relacionados con la idoneidad de las personas".
El récord se había convertido en un documento obligatorio para la realización de muchos trámites.
Según la parte final del considerando cuarto, del decreto suscrito por el presidente Correa, el récord "en la actualidad atenta contra la racionalización y eficiencia administrativa del Estado y sus instituciones". El Ministerio de Finanzas el pasado 4 de mayo expidió un dictamen favorable previo a la emisión del decreto.
Hasta la tarde de ayer, la página electrónica del Ministerio del Interior no tenía habilitada la posibilidad de acceder al certificado de antecedentes penales.
Sin embargo, entidades como el Seguro Social -dijo un usuario- ya está solicitando la presentación del récord electrónico.
La decisión del Gobierno también tendrá una repercusión económica. Según fuentes policiales, anualmente la Policía Judicial recaudaba cerca de nueve millones de dólares por la emisión del documento. Esa era una de sus fuentes de ingreso. (Diario Expreso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario