Sector Cachaví devastado por la minería irracional de oro aluvial (Foto ENAMI-EP) |
Esilda Bone, residente de la comunidad San Francisco, comentó que prefiere
aprovechar las primeras horas de la mañana para lavar la ropa a orillas del río
Bogotá.
Su vecina Rosario Caicedo y su hija Mabel también
realizan la actividad a esa hora, cuando el agua no está turbia por la descarga
de contaminantes como producto de la actividad minera ilegal en San Lorenzo del
Pailón, al norte de Esmeraldas.
Debido a la lluvia y a la propia corriente, dichos
residuos son arrastrados y en pocas horas tornan el agua cristalina en una
densa mancha gris o blanca.
A Marcial Quiñónez, designado hace tres meses presidente
de San Francisco, le preocupa que esos residuos que contendrían mercurio
ocasionen enfermedades de la piel, e incluso algún tipo de cáncer.
Pero el daño ambiental más evidente se observa en San
José de Cachaví, Los Ajos y Ventanas, zonas a unos 40 kilómetros de San
Francisco. En el recorrido por caminos de difícil acceso se observan
excavaciones, remoción de capas del suelo e instalaciones abandonadas con
piscinas de agua color turquesa.
Un estudio de 2011 estimó en 140 mil hectáreas los daños
ambientales en San Lorenzo y Eloy AlfaroDesde el aire es más evidente este daño
al ecosistema y vegetación junto al río Cachaví, donde las retroexcavadoras
siguen trabajando y se camuflan las piscinas con pequeños bosques, manifestó durante un sobrevuelo
Francisco Cruz, gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de la Empresa Nacional
Minera (Enami).
Un estudio de 2011 del Programa de Reparación Ambiental y
Social (PRAS), del Ministerio del Ambiente (MAE), estimó que 140 mil hectáreas
de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo sufrieron el impacto ambiental por la
minería ilegal.
Cruz dijo que en ese informe se detalla la presencia de
escombros abandonados, remoción del suelo y agua represada con mercurio que se
usa de forma antitécnica en la recuperación del oro aluvial.
Según el funcionario, la minería irregular ha generado
pérdidas estimadas en unos 600 millones de dólares por daños a los recursos
naturales, no tributación al Servicio de Rentas Internas (SRI), no pago de
beneficios laborales ni distribución de las regalías en la zona.
Reclamos
Pasivos ambientales abandonados de las mineras en San Lorenzo (Foto Segundo Vallejo) |
Las comunidades negras de la zona norte de Esmeraldas
protestan por los perjuicios ambientales y contaminación de los ríos, que
atribuyen también a la explotación de madera de bosques primarios y al cultivo
intensivo de palma africana.
Esto fue reafirmado por los estudios de calidad del agua
de los ríos Ónzole, Santiago, Cayapas, Bogotá y otros, realizados por la
Universidad Católica, sede Esmeraldas, y la Universidad Central del Ecuador, el
año anterior.
Daniel Valencia, representante de la Junta de Protección
Ambiental de la Zona Norte, organismo que se creó el 25 de enero pasado,
reclamó por aquellas fechas mayor presencia estatal en el control de los
bosques, minería ilegal y palmicultoras.
Por ello se concedió un plazo de tres meses para tener
respuesta de las autoridades gubernamentales y acordaron una nueva reunión que
estaba prevista realizarse la tarde de ayer en Borbón, con el fin de evaluar
los logros obtenidos de los siete puntos del pliego de peticiones enviado a las
autoridades, dijo Xavier Peña, comunero
de Selva Alegre.
Sobre este tipo de situaciones, Cruz indicó que debido a
las implicaciones asociadas a la minería ilegal y daños al medio ambiente, el
Estado dispuso suspender la entrega de
licencias a nuevas asociaciones en el norte de Esmeraldas.
Los mineros que operaban en esa zona provenían de
Imbabura, Azuay y Colombia con capitales para explotación de oro aluvial a gran
escala. Esa información la corroboró el presidente de la comuna San Francisco
del Bogotá. "Por esta zona se observaba el paso de maquinaria, combustible
y camiones con personal para trabajar en las mineras, sin dejar ni un solo
dólar para el desarrollo del poblado", señaló el dirigente.(Diario El Telégrafo -JLF)
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