Barco Karen Raquel, con su primera pesca luego de estar paralizado (Foto armadores pesqueros de Esmeraldas) |
Con
una inversión de 20 mil dólares fue
reacondicionado el barco pesquero de arrastre Karen
Raquel, para laborar en la pesca de arrastre responsable a ocho millas marina.
En
Esmeraldas fueron suspendidos unos 7 barcos y cuatro de ellos solicitaron el
permiso para cambiar las redes de pesca, refrigeración y equipos para regresar
a la captura de camarón y langostino. Las otras embarcaciones son Atlántico, Juan Carlos y Enny Bella.
Tres
de ellos ya salieron a faenas y el primero en regresar este mediodía al puerto
de Esmeraldas, fue el Karen Raquel,
con varias especies marinas capturadas.
El
armador del barco, Marco Mejía, dijo que han cambiado las mallas de pesca de
dos pulgadas, lo que no afecta al camarón o langostino pequeño.
Esta
actividad está regulada en el país, por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros,
que mediante Acuerdo Ministerial No. 162 de fecha 24 de noviembre de 2009,
estipuló las medidas de ordenamiento, regulación, control, zonificación e
investigación de la flota pesquera arrastrera.
La
flota de arrastre ecuatoriana industrial
estaba compuesta de 156 barcos, de los
cuales 120 (77%) se dedicaban a capturar
el langostino y 36 (23%) barcos a recoger camarón pomada.
Para
la captura de las especies de alta mar se utilizaba el llamado barco
camaronero, que es un arrastrero, generalmente de 15 a 30 metros de eslora, manga
de 6 metros, tonelaje bruto de 45 toneladas y una potencia en su motor de 200 a
350 caballos de fuerza
Las
bodegas de hielo están siendo sustituidas por las de congelación. La caseta de
mando y los camarotes se encuentran colocados a proa, con el fin de dejar libre
la popa para la maniobra de pesca y descabezado del producto, explicó de su
lado Pablo Patiño, armador del barco Atlántico.
Esperan
que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Subsecretaría de
Recursos Pesqueros (SRP), apruebe el nuevo proyecto y permita que unas diez
embarcaciones a nivel retornen al mar.
En
tanto otros armadores prefirieron acogerse al plan chatarra que consiste en el
pago entre 100 y 300 mil dólares del Estado para eliminar sus embarcaciones. (JLF)
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