Juez Guaigua en la mira por desacato en la clausura de botadero de basura

Alcaldesa Verónica Zurita, en uno de sus actos públicos en Santo
Domingo de los Colorados (Foto Municipio de Santo Domingo)

Concejales de oposición a la alcaldesa Verónica Zurita, se movilizan esta mañana al Consejo de la Judicatura en Transición de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el caso del juez Segundo de la Niñez y la Adolescencia, Luis Guaigua Candonga.

El pedido es la sanción o destitución por desacato con la resolución de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia, que dispuso el cierre técnico del botadero de basura ubicado en el kilómetro 19, en la carretera Santo Domingo – Esmeraldas.

Fernando Yánez, concejal de la ID, explicó que esta sentencia debió aplicarse el 17 de junio de 2009, pero el juez Guaigua desacató esta resolución.

A través del procurador síndico municipal, Juan Carlos Mariño, se presentó varios recursos para seguir  operando el botadero. La Corte Provincial de Justicia, aceptó el 20 de enero 2010, el recurso de apelación y concedió un año de plazo para el cierre técnico controlado.

Yánez mostró en rueda de prensa, hace pocos minutos, documentos que Mariana Celi Vargas, conviviente del juez Guaigua Candonga, es empleada contratada en la Procuraduría del Gobierno Municipal de Santo Domingo.

También de un hijo del ministro juez Julio Balseca, que es empleado municipal. La alcadesa Zurita dijo el lunes desconocer de estos cargos públicos y que acatará la resolución judicial para declarar la emergencia sanitaria.

El edil Yánez aclaró que esta emergencia está vigente  desde hace dos años luego que el Ministerio del Ambiente, planteó el cierre técnico del botadero del kilómetro 19.

También piden los concejales a la alcadesa Zurita, el monto pagado por el arrendamiento del mencionado terreno que es de propiedad del asambleísta Fernando Vélez y de la vicealcaldesa Eunice Arce.

El Municipio mantenía un litigio con Fernando Vélez por la renta de un terreno utilizado por el cabildo como depósito de basura, por el que cobraba $7 000 mensuales, cuyo contrato no se lo había renovado, publicó Diario HOY, el 5 de agosto pasado.

Ante estas denuncias, la asambleísta Mary Verduga (AP), pidió el informe sobre los botaderos del kilómetro 19 vía a Esmeraldas  y kilómetro 32 vía a Chone, para que la Contraloría investigue. (JLF)