El lavabo aún no instalado en los baños de la cárcel de máxima seguridad de Santo Domingo de los Tsáchila, sería el que le habría causado la muerte al reo Édgar Espinoza Aguirre (a) “Rambo”, luego de un intento de fuga en esta prisión, la madrugada del sábado anterior.
El informe del médico legista, Eduardo Salas, del hospital Gustavo Domínguez, detalla que el cadáver ingresó con politraumatismo generalizado en el rostro, traumatismo cráneo encefálico hemorragia interna, hematomas en el ojo izquierdo y una herida interparietal de aproximadamente siete centímetros.
Este informe coincide con las declaraciones de los otros tres reos capturados, quienes revelaron que el guía Jairo Mafla fue a buscar un lavamanos nuevo de la bodega y se lo lanzó en la cabeza a Espinoza.
Por ello, el Fiscal Carlos Chávez Oleas, acusó de asesinato al guía penitenciario Jairo Mafla Andrade y como cómplices a sus compañeros Rubén Saa Cedeño, Antonio Mera Mieles, Alberto Lugo Ordoñez, Orlando Bosquez Salazar, Santiago Caisaluiza Fustillos, Alfredo Cagua Vinueza, Enrique Malliquinga Catagña, Patricio Cuello Marroquín, y también al director encargado del centro penitenciario Guillermo Salazar Gómez.
El Juez Segundo de Garantías Penales, Mario Fonseca, dispuso la prisión preventiva de los imputados y un mes para las investigaciones de la muerte del interno Espinoza Aguirre y tortura a los internos Augusto Molina, Jhonny Quishpe, y Miguel Mean, que hasta ayer permanecían hospitalizados con vigilancia policial.
Mientras Tito Espinoza, sobrino del fallecido, reveló que recibió información de otros internos que su tío fue capturado vivo por la policía y entregado a los guías penitenciarios. El director Salazar, deslinda responsabilidad en esta muerte y sostiene que arribó a eso de las 03:00, luego que recibiera una llamada telefónica de la fuga de internos de la cárcel de Bellavista.
El ex comandante policial del CP-23, Germán Carrera y hace poco asignado a la provincia de Esmeraldas, manifestó que siempre había reclamo de los internos por la carencia de agua potable y que se les obligaba a comer alimentos que no eran preparados por ellos.
El caso es investigado por el Defensor Provincial del Pueblo, Clay Cabrera Arizala, la asambleísta Mary Verduga y una comisión que arribó desde Quito. (JLF)
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