En respuesta a las últimas
declaraciones del Presidente Rafael Correa y del Procurador General Diego
García rechazando las decisiones del Tribunal Arbitral administrado por la
Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, el asesor de comunicaciones para América
“El Tribunal de La Haya ha declarado
su competencia, entre otras razones, porque el Tratado Bilateral de Inversiones
Recíprocas es un instrumento jurídico válido para resolver conflictos derivados
de una inversión norteamericana, ocurridos cuando el Tratado estaba vigente.
Además, documentos que posee la
empresa demuestran que los representantes de los demandantes y altos
funcionarios del Gobierno ecuatoriano han colaborado por años para condenar
ilícitamente a Chevron. Como el mundo ha presenciado en el escandaloso caso de
El Universo, las cortes ecuatorianas no brindan justicia.
Por este motivo el juicio de Lago Agrio
está ahora en manos de una corte internacional que ha ordenado a las
autoridades ecuatorianas bloquear temporalmente la ejecución de la fraudulenta
sentencia de Lago Agrio.
Si Chevron ganara el arbitraje, la
República del Ecuador terminaría pagando la sentencia impuesta a Chevron.
Esperamos que el Estado ecuatoriano
revise su relación con los abogados demandantes estadounidenses que pretenden
enriquecerse a costas del país. También esperamos que el Ecuador se apegue al
Estado de Derecho cumpliendo sus obligaciones internacionales y pare de apoyar
un fraude perpetrado por medio de cortes corruptas”.
En su reciente decisión sobre
jurisdicción, el Tribunal Arbitral trató explícitamente el tema que abarcó el
Presidente en su enlace sabatino. La sección pertinente (sección 4.15) del
Tercer Laudo Interino, dice textualmente:
4.15
Como lo alegan los Reclamantes, TexPet comenzó a invertir en Ecuador en
1964 y continuó con sus inversiones bajo el Acuerdo de Concesión del 1973.
Según la opinión de este Tribunal, dicha inversión no finalizó en 1992 (con la
terminación de dicho Acuerdo de Concesión) porque existe una conexión cercana e
inextricable entre el Acuerdo de Concesión del 1973 de TexPet y el Contrato de
Transacción del 1995.
Sin el primer acuerdo, el segundo nunca hubiera existido.
Surge también del texto de ambos el Acuerdo de Concesión del 1973
(especialmente de la sección 46) y del Contrato de Transacción del 1995 que
este último debe interpretarse teniendo en cuenta el acuerdo de concesión previo
y las actividades del Consorcio realizadas de acuerdo con ese contrato: el
Contrato de Transacción del 1995 hace repetidas referencias al Acuerdo de
Concesión del 1973: véase su Preámbulo y los Artículos 1.1, 1.2, 1.12, 5.1 y
5.2.
Más allá del análisis del Tribunal,
la empresa cuenta con abrumadora evidencia de la colaboración impropia entre
los abogados demandantes y funcionarios de la República del Ecuador para
injustamente sentenciar a Chevron por medio de un juicio corrupto y carente de
fundamento para extraerle una suma delirante de dinero.
El Anexo 95 contiene copias de
fotografías tomadas el 20 de marzo 2007 que muestran una reunión entre el
Presidente ecuatoriano Rafael Correa, y otros miembros del Gobierno, junto con
representantes de los demandantes de Lago Agrio: Luis Yanza, Alejando Ponce
Villacís, Guadalupe Heredia y Maria Eugenia Yépez Regalado. Las fotos están
disponibles en:
El Anexo 97 es una copia de un correo
electrónico con fecha 21 de marzo del 2007, de Yépez a Steven Donziger, abogado
norteamericano y jefe del equipo de representantes de los demandantes
ecuatorianos. El correo, recuperado del disco duro de la computadora de
Donziger, dice que el Presidente Correa les dio un “apoyo fabuloso” y “hasta
dijo que iba a llamar al juez [en el caso]”.
Este documento tiene el número Bates DONZ-HDD-0103690, y comparece en su
forma original y la traducción certificada al inglés del mismo.
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