Luis Freire Adrián
Corresponsal Esmeraldas
Hasta marzo de este año, el Gobierno había emitido 15 permisos provisionales para la explotación y 120 estaban en lista de espera
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| Mineros de Playa Nueva, Eloy Alfaro (Luis Freire) |
Temor y recelo a las personas extrañas o automotores desconocidos es fácil de detectar en los rostros de los habitantes de las comunidades rurales de Eloy Alfaro y San Lorenzo del Pailón, en el norte de Esmeraldas.
"Pensamos que son gente del Gobierno o policías infiltrados en busca de información de los mineros", dijo José Medranda, comunero de la parroquia Timbiré, cerca de las minas.
Mientras afila su machete sentado en un tronco de madera en el portal de su casa, comentó que la gente está temerosa ante la posibilidad de una nueva incursión militar para clausurar a las mineras o destruir las maquinarias con las que se realiza la explotación.
Hace una semana, 580 militares ingresaron sorpresivamente a esta jurisdicción en helicópteros y camiones para buscar las maquinarias pesadas y destruirlas.
"Lo mejor era inutilizar esas máquinas (...). Ya nos ha pasado en otras ocasiones que incautamos las máquinas, pero hay siempre un juez corrupto por ahí que les devuelve las máquinas y no avanzamos", justificó el ministro de Defensa, Javier Ponce.
La orden fue emitida el 19 de mayo por el juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, Juan Hernández. La decisión fue notificada al ministro Ponce el 20 de mayo. Ese día, el presidente Rafael Correa declaró el estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro.
"Fue espantoso cómo la dinamita hacía volar partes de los motores de las retroexcavoradoras por los aires", aseguró Alodia Caicedo, trabajadora en una mina de oro del recinto Chanuzal.
"Ahora, no tengo nada que hacer", dijo, y habló de irse a trabajar en algún yacimiento de la Amazonía, mientras su esposo, Marín Cangá, operador de bombas de succión, esperaba el pago de $256 por su mes de trabajo en la cantera de Chanuzal. Con este dinero, logran mantener a sus cuatros hijos, dos de ellos estudian en la escuela de Selva Alegre.
En la zona de las mineras, hay unas 25 escuelas, ocho de las cuales están cerradas porque, hasta la fecha , la Dirección de Educación de Esmeraldas no ha contratado a seis profesores.
Muchos niños ni siquiera terminan el bachillerato porque comienzan a trabajar desde temprana edad en las mineras, palmicultoras, madereras o en la agricultura como jornaleros.
La familia Cangá tiene ahora pensado ir primero a la maderera Ecomundo, ubicada en Colón Eloy, a pedir empleo.
Los mineros
Unas 2 000 familias de Timbiré, Selva Alegre, Chanuzal, Angostura, Playa Nueva, Playa de Oro, San José de Cachaví, Urbina se quedaron sin empleo tras el operativo militar. Eran contratados como jornaleros o trabajaban como recolectores particulares de oro. Estas comunidades están a 70 kilómetros de distancia de la carretera Esmeraldas-San Lorenzo-Ibarra.
Las casas fueron construidas por sus propietarios con madera de la zona; algunas fueron reemplazadas por las del plan impulsado por el Ministerio de Vivienda. Unos cuantos, con mejor posición económica, tienen casas de cemento de dos plantas y hasta televisión satelital.
Las juntas parroquiales lograron instalar sistemas de agua tratada con plantas de purificación y mejoraron los centros educativos, pero no tienen un hospital bien equipado por el Ministerio de Salud.
El hospital más cercano es el de Borbón, que está a unos 80 kilómetros, y el de San Lorenzo, a igual distancia.
Para ingresar a las minas, hay que viajar en camionetas particulares o contratadas por las empresas y el pasaje es de $2 por persona. Solo el camino de 37 km desde Maldonado hasta Timbiré está asfaltado y, por ahí, pasan buses de las cooperativas La Costeñita, Del Pacífico o las rancheras de San Lorenzo.
Los otros caminos son angostos y rellenados con piedras por las empresas madereras y palmicultoras asentadas también en esta zona. Cada comunidad está separada por un tramo de unos 30 km de distancia y, en el invierno, quedan totalmente aisladas por falta de puentes y la creciente de los esteros.
Matilda Bone, con 26 años en el oficio de playar oro (extracción con batea de madera), dijo que los ríos son correntosos cuando llueve y deben viajar en frágiles canoas o balsas de madera.
Ella aprendió el oficio de su familia, que recoge también gramos de oro en las bateas que ellos confeccionan con trozos de madera desechados en los aserrados. Hacer uno de esos utensillos cuesta $10 bajo pedido, porque la demanda es poca, aseguró Mario Casierra, carpintero.
Unas 700 personas, incluidos niños, trabajan como independientes recolectando oro. Un gramo es vendido hasta en $40 si es de 24 quilates. Ellos salen detrás de la maquinaria pesada que abre las zanjas, mientras los jornaleros rompen las piedras.
"El trabajo es duro porque tenemos que bajar hasta unos 20 metros de profundidad para cavar la roca dura en medio del lodo y agua", dice Alirio Bone, quien recibe $7 diarios como jornalero.
La jornada de trabajo va desde las 08:00 hasta las 17:00. La única protección que tienen son las botas de caucho. Cuando hay un accidente, los heridos son atendidos en los dispensarios del Ministerio de Salud Pública de Selva Alegre, Colón Eloy y Timbiré, en donde están de turno solo las enfermeras "porque los tres médicos asignados deben recorrer las 10 parroquias que están a las orillas de los ríos Santiago, Ónzole y Cayapas", dice Alirio Mina, dirigente de Timbiré.
La explotación minera
Desde 2007, aumentó el ingreso de maquinaria pesada en la zona. Los inversionistas llegaron desde Loja, Azuay, Quito, la Amazonía y el sur de Colombia.
La inversión mínima se estima en unos $700 mil para la compra de zarandas, retroexcavadoras, bombas de agua, herramientas manuales, combustible, alimentación y químicos, que son transportados desde Santo Domingo de los Tsáchilas, Ibarra o Quito.
El techo de la inversión en minería artesanal, según la Ley, es de $32 600 y hasta $79 mil en asociación con otros mineros.
La pequeña minería, de acuerdo con esa normativa, es la que tiene una actividad extractiva de no más de 300 toneladas al día, que era la autorizada en Esmeraldas. Hasta marzo de este año, el Gobierno había emitido 15 permisos provisionales para la explotación y 120 estaban en lista de espera.
El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, ha dicho ahora que, en Esmeraldas, han sido identificadas ocho zonas aluviales de actividad minera ilegal, que representarían más del 90% de la actividad en esa provincia. Según el Gobierno, durante los seis últimos meses, estos puntos extrajeron alrededor de $130 millones en oro.
Mientras, el ministro del Interior, José Serrano, dijo en su reciente visita a Esmeraldas que la inversión en las minas provendría del "lavado de dinero" y que la minería ilegal está vinculada a la inseguridad, evasión al fisco y daños ambientales.
Héctor Castro, que vive con su esposa y una hija en Selva Alegre, aseguró que, en su caso, compró con un crédito una retroexcavadora en $200 mil. Este dinero lo obtuvo de su trabajo en Italia, de donde decidió regresar hace poco para dedicarse a la pequeña minería. Su equipo fue destruido en el operativo militar y, según dice, no tiene dinero para pagar los $2 000 mensuales de cada letra.
Fausto Zambrano, quien perdió también su maquinaria en el último operativo militar, la había alquilado por $6 030 al Municipio de Eloy Alfaro para abrir un camino vecinal y construir una escuela, pero tenía pensado hacerla trabajar en alguna mina.
El trabajo
En cada frente minero, operan entre tres y siete máquinas y unos 20 trabajadores, entre directos e indirectos. Entre los mineros, hay refugiados colombianos, algunos con visa de protección del Acnur.
Cada retroexcavadora abre zanjas de 5 m de profundidad y, cuando falta maquinaria, se alquila cada una por $40 la hora. Estos equipos son transportados en camiones extra pesados; si la mina está alejada, la maquinaria es llevada por el río en balsas hechas con troncos de madera que son impulsadas por canoas a motor.
Los mineros pagaban hasta $400 mensuales a los jornaleros y $1 000 a los operadores de las retroexcavadoras. "Ese era el trabajo mejor pagado de la zona. Todos se benefician con la minería: los transportistas, los bares, las tiendas…", añadió uno de los mineros desempleados.
Los conflictos
El negocio ha creado también fricciones. Uno de esos casos es el de la Asociación de Pequeños Mineros del Río Santiago, parte de la Comuna Río Santiago-Cayapas, presidida Mérice Caicedo, con 16 socios.
En este territorio, existen unas 20 comunidades que, desde 1952, han gestionado su circunscripción territorial, que significa tener título de propiedad colectiva. Unas 3 000 hectáreas les fueron adjudicadas. Pero se encontraron con una limitación cuando pensaron dejar la madera y dedicarse a la minería: los recursos naturales de la zona son de exclusivo dominio de la comunidad, pero para el aprovechamiento doméstico, no comercial.
Esto generó pugnas y enfrentamientos con el Cabildo cuando comenzó la venta de las tierras a los madereros, palmicultores y mineros, y se crearon resentimientos entre los dirigentes, recordó Jeremías Rubio, presidente de la Comuna.
Rubio dijo que algunos comuneros llegaron a vender sus pequeñas fincas hasta en $3 000 la hectárea, con la autorización de los directivos de la Comuna, que incumplieron el acuerdo de preservar el bosque húmedo.
Fue justamente la Comuna Río Santiago, con el apoyo del padre Johnny Quintero y otros sacerdotes como el párroco de Borbón, Aldo Pusterle, la primera en denunciar que la actividad minera causaba daños al ambiente por la evidente contaminación de los ríos.
Grupos que respaldaban a los madereros y mineros habrían intentado obligar al párroco Pusterle a abandonar la zona hace un año, pero se quedó con el apoyo del obispo de Esmeraldas, Eugenio Arellano, y de las comunidades.
En el territorio indígena de la etnia Épera, asentada en Borbón, existe también resistencia a la minería. Nueve trabajadores de la empresa Lacsa fueron retenidos en 2009 por entrar arbitrariamente a su territorio para realizar actividades de prospección.
Wilson Pairoma, presidente de esa etnia, aseguró que ellos poseen 360 hectáreas de tierra compradas al Estado. En ese lugar, viven unas 400 familias dividas en tres territorios.
Tras el operativo
En las mineras de Chanuzal, Picadero, Playa Nueva, los recolectores artesanales son los únicos que han regresado a trabajar desde el miércoles anterior. Van con sus bateas hasta donde las maquinarias abrieron las zanjas.
Los militares regresaron el domingo a sus unidades. Infantería de Marina, que tiene su batallón en San Lorenzo, y los destacamentos de Mataje y Selva Alegre hacen el patrullaje de rutina.(Publicado Diario HOY -lunes 30-05-2011)
