Trabajadores de la cementera Guapán en protesta por despidos (Foto Diario El Comercio) |
La Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), rechazó el despido sin previo aviso de 142 trabajadores de la empresa cementera Guapán, ubicada en Azogues, provincia del Cañar.
Cuestiona el despliegue de militares y policías en el ingreso y el interior de la empresa cementera, de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y administrada por el Banco del IESS – BIESS.
Se impidió el ingreso de los trabajadores a sus puestos de responsabilidad, indicándoles que cumplían órdenes superiores y que todos los que constaban en una “lista” exhibida en el exterior de la empresa, quedaban suspendidos, detalló la UGTE.
De su lado, Paúl Sacoto, secretario general del Sindicato de Trabajadores y que forma parte del grupo de obreros separados de la empresa indicó que desde las 08:00 del lunes, los ex empleados mantendrán una reunión en la Sede Social de Guapán para "analizar el contrato colectivo".
"Aún no hablamos con los directivos; sin embargo, para tener bases para nuestra defensa debemos revisar el contrato que firmamos", agregó.
Sacoto dijo que la reunión con los miembros de la administración de la empresa posiblemente se realice el próximo martes, una vez que los directivos retornen de Quito, donde se encuentran al momento.
No son servidores públicos
Cabe indicar que, los trabajadores despedidos no están bajo la jurisdicción de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y, por tanto, tampoco del inconstitucional decreto 813, explicó la UGTE.
Ellos están amparados por el contrato colectivo que garantiza su estabilidad laboral y que, con este masivo despido, está siendo desconocido y vulnerado por el IESS, propietario de la empresa y el gobierno que la ha venido pretendiendo para controlarla directamente, sostuvo.
Llama la atención, agrega la UGTE, el hecho de que el gerente del BIESS, indique que él no ha tenido conocimiento de esta acción. “Este despido se trata de un nuevo y descarado atropello a los derechos constitucionales y legales de los trabajadores”, remarcó.
Los trabajadores tienen los derechos de libre asociación sindical, a la contratación colectiva y la estabilidad, y a la jubilación de los dado que la mayoría de los despedidos tienen entre 20 y 30 años de trabajo en la empresa y no ha cumplido aún los requisitos de edad y tiempo de aportaciones para su jubilación.
“La UGTE y todos los trabajadores del país condenamos esta nueva agresión a la estabilidad y los derechos de los trabajadores e invitamos a unir fuerzas para hacer frente a esta escalada antisindical y antiobrera del actual régimen”, puntualizó esta organización.(Diario El Universo – JLF - UGTE)