Taller de corte y confección para refugiadas y esmeraldeñas (Foto Luis Freire) |
El 1 de febrero pasado, se registró un atentado terrorista con
explosivos a un cuartel policial en el puerto de Tumaco (Colombia). Del ataque
resultaron 11 muertos, 78 heridos, 140 familias damnificadas y 230
edificaciones destruidas.
Mario A…, un joven que residía a pocas cuadras del
incidente recibió amenazas junto a su familia, porque conocía información del
incidente. El 18 de febrero que se realizó la marcha solidaria por las víctimas
del ataque, nuevamente Mario A…, fue amenazado y que abandonara su residencia.
El mismo día se embarcó en una lancha de pasajeros y
llegó en calidad de refugiado a San Lorenzo del Pailón (Esmeraldas). En la actualidad
trabaja como jornalero en una palmicultora ubicada en la vía a Mataje, hasta
esperar si el gobierno ecuatoriano legaliza su solicitud de acogida.
Debido a la violencia en el vecino país, el Acnur estima
que un 70% de niños, jóvenes y mujeres fueron desplazados o huyeron de sus
lugares de residencia. “El 80 % de colombianos que ingresaron al Ecuador, provienen
del Departamento de Nariño”, reveló Óscar Sánchez, de la Oficina del Acnur en
Esmeraldas.
Los contextos de violencia generalizada y dificultad de
conseguir empleo en esa realidad motivan también la salida de la población,
enfatizó.
Esta fue una de las razones para que cientos de
campesinos emigraran, en agosto de 2006 a San Lorenzo del Pailón, por temor a
una lucha armada entre el ejército colombiano y las FARC. Los más de 1 500
refugiados rebasaron los planes de atención de las entidades ecuatorianas e
internacionales.
Afrodescendientes y educación incompleta
La mayoría de refugiados se dedican principalmente a la
pesca y agricultura, como el caso de Aurelio B…que huyó con su esposa y dos
sobrinos, desde la Vereda de Sandoná, por amenazas de la columna guerrillera
Daniel Aldana.
Al igual que Mario A…, trabaja indocumentado en otra
palmicultora ubicada en la vía a Calderón, desde hace dos años. Le pagan un
sueldo de $270 de los cuales le descuentan alimentación y hospedaje y apenas le
queda $76 para otros gastos.
Sánchez explica que hay explotación laboral porque el 60%
de colombianos refugiados se declaran afrodescendientes y algunos tienen
educación primaria incompleta.
“Los refugiados sin documento legal de la Dirección
Nacional de Refugio (DNR), del Ministerio de Relaciones Exteriores, son
vulnerables a deportaciones y de protección”, dijo de su lado Kléber León, de
Asistencia Humanitaria de esta dependencia.
Por ello se acordó ubicar una oficina jurídica de la
Universidad Técnica Luis Vargas Torres, en San Lorenzo del Pailón. Mientras con
las agencias socias como HIAS y la Misión Jesuita, se encargan de los casos de
maltrato familiar, violencia de género y víctimas de violencia o abuso sexual.
Curso de belleza en el Centro Ocupacional María Auxiliadora (Foto Luis Freire) |
También la movilización de una brigada de la DGR para la recepción de
solicitudes y gestión de trámites, debido a que algunos refugiados los ha
detenido la Policía de Migración, cuando han viajado a Esmeraldas por trámites, agregó
León.
A esto se suma que en San Lorenzo no hay albergues estatales
adecuados de acogida y prevención. Los
recién llegados se los recibe en el Centro de Formación de Líderes “Martín
Luther King”, de propiedad de la Federación Artesanal de Recolectores de
Productos Bioacuáticos del Manglar (Fedarpom).
Esta organización particular es socia en estas
actividades con el Acnur, y recibe un
promedio de seis colombianos por mes, quienes permanecen un mínimo de tiempo
(tres meses).
Proyectos de inversión
El Acnur junto con la Fondo Ecuatoriano Populorium
(FEPP), HIAS, Misión Jesuita para los Refugiados (SJRP) y Fedarpom, trabajan en
asistencia y proyectos de intervención. Para este año se ha previsto un desembolso
de $600.000 en Esmeraldas, Eloy Alfaro y San Lorenzo.
Trabajan en las áreas de generación de ingresos con
proyectos de sostenibilidad y productivos; construcción y adecuación de centros
educativos; salud; desarrollo comunitario, políticas públicas incluyentes;
protección de los territorios colectivos, fortalecimiento. (LFA - Diario HOY)