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| Vista aérea |
Hasta la presente fecha, el fiscal general, Galo Chiriboga, no ha conseguido receptar las versiones del ministro del Interior, José Serrano Salgado; del exministro de Defensa, Javier Ponce; ni del exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Luis González Villarreal, como parte del proceso.
Por el contrario, según versión de Ramiro Román, abogado patrocinador de la demanda que presentara Luis Mora, propietario de las retroexcavadoras destruidas, Chiriboga ha solicitado el archivo de la causa, pedido que ha sido apelado en la Corte Nacional de Justicia, sin que exista respuesta alguna hasta el momento.
Criterios
Luis Mora, visiblemente decepcionado, se cuestionó que si el Fiscal General no puede obligar a las autoridades demandadas a que cumplan con la ley, “¿quién lo podrá hacer?... más todavía si jueces y fiscales de menor jerarquía también se inhiben de conocer la causa”.
El demandante dice que no es ni ha sido minero y que su trabajo era arrendar maquinaria pesada para distintas actividades y que los equipos que le destruyeron los soldados ecuatorianos no fueron adquiridos con recursos ilegales, como en algún momento se manifestó.
Ponce, Serrano y González también enfrentan una demanda para el resarcimiento y pago de los daños y perjuicios que habría ocasionado el operativo militar del 21 de mayo de 2011, en el que se destruyó maquinaria pesada en el cantón Eloy Alfaro.
La cuantía de la demanda está fijada en 4’424.960 dólares, por daños y perjuicios y daño moral, y fue presentada por el propio Mora.
EL DATO
El perjudicado ha acudido también a varias ONG de DD.HH. pero tampoco ha obtenido respuesta a su demanda.
Juez de flagrancia autorizó operativo
El operativo militar denominado ‘Omega’ se llevó a cabo el 21 de mayo de 2011 en el Estero María y en el sector de Zapotillo, de la parroquia Selva Alegre, cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas, amparado en la orden judicial del juez de flagrancia de Pichincha, Juan Pablo Hernández, quien últimamente ha sido duramente cuestionado, junto a otros jueces, por el Presidente de la República.
Este operativo tuvo como antecedente un informe de inteligencia militar mediante el cual se daba cuenta sobre la explotación minera ilegal en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo.
Los equipos fueron dinamitados e inutilizados en el operativo, que no duró más allá de 15 minutos. (País Diario La Hora)
