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| Ministros Marcela Aguinaga y Wilson Pastor, en la rueda de prensa en Quito |
Los mineros de los cantones esmeraldeños de San Lorenzo y Eloy Alfaro podrán asociarse con la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) para explotar el oro que se encuentra en los ríos de esa zona, y en la cual operaban mineros ilegales que contaminaron el ambiente.
“A la ENAMI se le entregará en concesión las áreas” dijo el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor Morris, quien indicó que en los cantones esmeraldeños existen ocho zonas mineras, de entre las cuales se definirá en las que se puede realizar explotación minera, las que entrarán en proceso de remediación y otras para tratamiento de residuos y normalizar
el curso de los ríos.
Precisó que la relación entre los mineros y la ENAMI EP está amparada en el Reglamento a la Ley de Minería y el artículo 44 de la Ley de Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal (permite conformar asociaciones con la participación de pequeños mineros y mineros artesanales).
Para concretar esta sociedad, Pástor indicó que se acelerará la regularización de los mineros de los dos cantones esmeraldeños. Además, conjuntamente con los mineros se conformó una comisión integrada por representantes del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y sus entidades adscritas, Secretaría Nacional de Agua, Ministerio del Ambiente, Plan Ecuador, de las asociaciones de mineros de Eloy Alfaro y San Lorenzo, y la Municipalidad de San Lorenzo.
El fin de semana, en los cantones mencionados se efectuó un operativo para combatir la minería ilegal, por causar efectos negativos al ambiente de las comunidades y perjudicar a la economía estatal.
Según las estimaciones, la explotación minera aluvial ilegal en San Lorenzo y Eloy Alfaro dejó unos $130 000.000 en oro, sin ningún beneficio para las comunidades y el Estado, sino solo contaminación del agua y del ambiente.
La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, precisó que en la zona del río Santiago, en cuyos alrededores operaban los mineros ilegales, existe pérdida de vegetación, contaminación en las tomas de agua por la presencia de metales pesados, contaminación del suelo, con consecuentes alteraciones en la salud de los comuneros de la zonas cercanas a las actividades mineras ilegales.
“Más que la maquinaria destruida, debería preocupar la salud de las comunidades”, afirmó la ministra Aguiñaga, al señalar que el Estado tiene la capacidad técnica legal para cuantificar los pasivos ambientales que existan en la zona por las labores de minería ilegal y plantear la respectiva demanda contra los responsables de los mismos.
Agregó que su Cartera de Estado levantará la línea base de los daños ambientales y sociales causados en el sector, para emprender en procesos de remediación que requerirá de mano de obra, con lo cual se generarán nuevas fuentes de empleo en San Lorenzo y Eloy Alfaro.
El ministro Pástor consideró que “la minería ilegal socava la política minera del país”, y precisó que los mineros desalojados el último fin de semana no poseían título ni concesión minera.
