Policías vigilan la parte externa del hospital Delfina Torres. (Foto Luis Freire) |
El hospital Delfina Torres en Esmeraldas, fue resguardado este lunes por un piquete de policías para evitar incidentes de los empleados despedidos con renuncias obligatorias.
Esta mañana fueron notificados 13 funcionarios más en la Dirección Provincial de Salud, mientras el viernes a 37 se les obligó a firmar sus despedidos. Los desempleados juntos con varios médicos se quedaron en la parte exterior de la consulta externa.
Guiilermo Godoy, secretario del sindicato de trabajadores de este hospital, dijo que la atención médica quedó en crisis por el nerviosismo de los trabajadores.
Mientras que Delly Rayo, secretaría de las enfermeras profesionales, arremetió contra el presidente Rafael Correa, por los despidos intempestivos.
“Yo viaje a Quito a defenderlo el 30-S para que no lo derrocaran del poder y ahora me dejó sin mi puesto de enfermera en que trabajé 17 años”, sostuvo.
A su turno, Rosa Gutiérrez, con 46 años de edad y 19 de trabajo en esta casa de salud, no pudo entregar las historias clínicas de varios pacientes por estar despedida.
Un guardia de la Dirección de Salud, fue ingresado de urgencia en estado de shock luego que le notificaron con su renuncia.
En tanto, Carlos Perlaza, presidente de la Conasep en Esmeraldas, pidió a los empleados públicos que reciban las notificaciones, sin abandonar sus puestos de trabajo.
Conoce de 40 despedidos del hospital Delfina Torres, Dirección Provincial de Salud, 4 del BNF, 4 del Centro de Rehabilitación Varones.
Para esta tarde estaban previstas unas 40 notificaciones para los trabajadores de la Refinería Estatal de Esmeraldas (REE). Mientras en Santo Domingo de los Tsáchilas se tramita 54 renuncias voluntarias presentadas hace tres meses por los propios empleados, según manifestó Patricio Ampudia, director de esta casa de salud.
De su lado, el asambleísta Linder Altafuya, manifestó que llamará a juicio político al Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, por esta decisión que afecta a 3 000 servidores públicos del país.(JLF)