Detectan irregularidades en adjudicación de tierras de Tongorachí

Comisión de Asambleístas en Tongorachí, el viernes anterior

La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, encontró indicios de irregularidad y anormalidad en la adjudicación de las 46 hectáreas de terreno del recinto Tongorachí, cantón Muisne, sur de la provincia de Esmeraldas.

El inconveniente que observó la comisión, es la adjudicación que hizo Sixto Calixto Arrunátegui con escrituras del ex INDA y que a los pocos días las vendió a terceras personas. Por tal motivo se trasladaron a esta comunidad los asambleístas Marco Murillo, Edwin Vaca, Linder Altafuya y Cesar Gracia. Ellos receptaron las denuncias de los habitantes de Tongorachí y documentos que le acreditan la pertenencia de sus tierras ancestrales.

El litigio se inició desde 1998 y desde esa fecha las 40 familias de este recinto de la parroquia San Francisco del Cabo, defiende su derecho de posesión. Pablo Ávalos, jurídico de los asambleístas, explicó que un posesionario debe justificar que estas tierras las utilizaba para la agricultura y se demostró que Arrunátegi es ingeniero civil.

Además debe estar registrado en el catastro del ex Inda y únicamente los adjudicatarios han presentado escrituras legalizadas por la Registraduría de la Propiedad de Muisne. Tanto el vicealcalde de esta localidad Paúl Rivas, como los presidentes de las juntas parroquiales de San Francisco del Cabo y Galeras, ratificaron la legalidad de las 50 hectáreas que les pertenece al pueblo de Tongorachí.

Por esta defensa, cinco miembros de esta comunidad, incluida Inés García, presidenta del Comité de Defensa Ancestral, enfrentan juicios por daños al medio ambiente. Mientras que el Ministerio del Ambiente aplicó una multa de $48 000 por el mantenimiento del camino vecinal y que habría destruido con la maquinaria  parte de la reserva ecológica de la zona, denunció el vice alcalde Rivas.

La demanda en contra los comuneros está en su etapa final y se espera la sentencia del juez de Atacames - Muisne. Por ello se propuso presentar una acción de protección en vista que también habrían recibido amenazas de muerte por quienes dicen ser dueños de estas tierras.

Marco Murillo, presidente de la comisión respectiva, se comprometió a exhortar al Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Tierras, deje sin efecto está adjudicación y se devuelva estos terrenos a las 40 residentes en Tongorachí.

Además se acordó elaborar un resolución para la aprobación del pleno de la Asamblea Nacional, para evitar nuevas apropiaciones ilegales de terrenos que pertenecen a los campesinos.

Murillo dijo que de esta manera se podrá resolver problemas similares en Same, Mompiche, Manabí y Guayas. (JLF)