Cantonización llevó 16 años
El pasado 28 de noviembre, se firmó el Decreto presidencial n.º 946, que ordena una consulta popular para el cantón esmeraldeño de La Concordia.
Una consulta popular se viene para el cantón esmeraldeño
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| Cantón La Concordia, pertenece a la provincia de Esmeraldas (Foto Luis Freire) |
Poco más de 28 mil electores deberán decidir si continúan perteneciendo a la provincia verde o pasan a formar parte de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Según el decreto, la consulta es un pedido de pobladores del cantón que no están conformes con pertenecer a Esmeraldas.
La fecha tentativa para la consulta señalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el 5 de febrero de 2012.
La Concordia se cantonizó oficialmente el 26 de noviembre de 2007 con la publicación en el Registro Oficial n.° 219 de la normativa correspondiente, que fue aprobada luego de 16 años desde que se presentó el proyecto de Ley de Cantonización de La Concordia, en el Congreso Nacional el 24 de enero de 1991.
El primer debate del proyecto se realizó el 25 de mayo de 1994 y el segundo debate se dio los días 23, 24 y 31 de julio de 2002, sin que se llegue a una resolución. El 31 de octubre de 2007, se aprobó la cantonización de La Concordia a favor de Esmeraldas. La jurisdicción político administrativa del cantón comprende el territorio de todas las poblaciones existentes dentro de la nueva demarcación de sus límites que son: al norte, con Santo Domingo de los Tsáchilas, al sur con el cantón Quinindé, al oeste con la provincia de Manabí y al este con Pichincha.
Tiene una extensión de 560 kilómetros cuadrados.
La administración de la jurisdicción política del cantón se mantuvo a cargo del Municipio de Quinindé por un lapso de 18 meses. Durante ese tiempo, se conformó la Junta de Notables, presidida por Fernando Andino, quien administró $3 millones que entregó el exalcalde Carlos Barcia. El 31 de julio del 2009, se declaró formalmente constituido el nuevo Concejo del Gobierno Municipal del cantón La Concordia, presidido por el alcalde Walter Ocampo.
Actualmente, residen en La Concordia aproximadamente 29 mil habitantes en la cabecera urbana y 80 mil en todo el cantón, y con 18 200 votantes.
Existen 42 establecimientos educativos con 700 profesores y más de 15 mil alumnos registrados por la Dirección Provincial de Esmeraldas, mientras que de la época en que se disputaba La Concordia entre Esmeraldas y Pichincha, quedan dos establecimientos con 24 docentes y 650 alumnos, que terminaron registrándose en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Con el anuncio del referéndum, el Gobierno Provincial Tsáchila interviene en el mejoramiento de caminos vecinales.
La prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, ejecuta también obras similares y construyó una piscina de oxidación (filtro verde) para los barrios Diez de Agosto y Virgen del Cisne.
Sin embargo, los problemas de agua potable, alcantarillado sanitario, calles y caminos vecinales no están resueltos en su totalidad en el cantón.
Un 95% de pobladores se abastece de agua potable, detalló Marco Samaniego, arquitecto.
En verano, se observan aún calles en la zona urbana con aguas servidas, sin lastrado y polvorientas, mientras en el invierno, se producen inundaciones en algunos barrios por la falta de alcantarillado pluvial.
El alcalde Walter Ocampo (AP) detalló que estas necesidades se están resolviendo e incluso algunas calles con la compañía Herdoiza-Crespo, constructora de la carretera Santo Domingo-Esmeraldas.
Algunos de estos proyectos sufrieron retrasos por la pugna interna desde abril de este año, cuando Ocampo destituyó al Concejo en pleno y principalizó a los suplentes.
La concejal Rosaura Bastidas (MPD) explicó que ellos reclamaban los informes de gastos e inversión de los $7 millones anuales que recibe de asignaciones el Gobierno Municipal.
"Este cantón recibe solo en impuestos $583 mil y recibiría más por esta vía si el Municipio aplicara tasas por los productos agrícola de exportación", dijo.
Otro de los reclamos de los ediles es la remodelación del parque central de la ciudad por $469 mil, que el Banco del Estado (BEDE) asignó para obras emergentes. También de los $400 mil de la Junta de Agua Potable que administra aún este servicio.
Ocampo afirmó que estos montos están invertidos y no tiene inconvenientes en que la Contraloría audite sus tres años de administración.
La Concordia es considerada el primer cantón agroindustrial y de exportación de productos como palma africana, abacá, macadamia (nuez de arbusto) y palmito. Entre palma y abacá, hay 70 mil hectáreas sembradas, más los otros productos, se estima que unos $300 millones semanales se movilizan en este cantón, según Fernando Andino, presidente del Frente Cívico Concordense y rector de la extensión de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres.
Las zonas más productivas son Monterrey, San Vicente del Mache, Río Blanco, Bocana del Búa, Las Villegas y en la vía La Concordia–Santo Domingo.
Allí, están ubicadas cinco extractoras y una productora de aceite rojo de palma y derivados, cuyos inversionistas son de empresas principalmente de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Los Ríos.
Un 40% de concordenses, más los que han venido de Santo Domingo y Pichincha, son empleados informales o agricultores de estas compañías, dijo Amanda Loor, trabajadora de la fábrica La Fabril. "Recibo un sueldo mensual de $370, más el trabajo de mi esposo y mis hijos, que tienen un comedor en la Asociación Primero de Mayo, nos ayudamos en la mantención del hogar", dijo.
Adalberto Estacio, dirigente político de Alianza País (AP) y propietario de un almacén, detalló que estos obreros residen en zonas urbano marginal y rural, en donde hay necesidades básicas insatisfechas.
A pesar de ello, el movimiento económico agroindustrial en La Concordia permitió la ubicación de cinco agencias bancarias (una del BNF) y siete cooperativas de ahorro y crédito.
En la zona urbana, se observa todo tipo de comercio, principalmente en la avenida Simón Plata Torres.
A Ernesto Vaque, dueño de una copiadora, le da lo mismo ser de Esmeraldas o de Santo Domingo, porque él y su familia viven de su trabajo y no del litigio político jurisdiccional que vive en la actualidad el octavo cantón de la provincia verde. (LFA-ABT) (Diario HOY - Quito)
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