Publicado
el 24/Febrero/2013 | 00:13
El
gobierno ha destinado $150 millones para emergencias
Entendidos en materia penitenciaria
consideran que decisiones como la renovación total de guías en la cárcel han
sido erradas y le están pasando factura al Gobierno
En junio de 2007, el presidente
Rafael Correa firmó el primer decreto de emergencia para las cárceles de
Ecuador.
Lo hizo durante una visita al penal García Moreno de Quito, en donde presentó
un plan que debía concretarse sin las habituales trabas de los procesos de
contratación en el sector público.
Uno de los objetivos era terminar, en dos años, con los casos de presos que no
tenían una sentencia ejecutoriada.
Para entonces, según la Dirección Nacional de Rehabilitación, había 9 591
presos que no tenían resuelta su situación jurídica.
Casi seis años después, la cifra ha disminuido un poco, pero aún hay miles de
detenidos que no saben cuánto tiempo más permanecerán detenidos.
La semana pasada, 8 963 personas fueron habilitadas para votar; es decir que no
tenían una sentencia en su contra.
De ellas, 3 118 casos corresponden a la Penitenciaría del Litoral, ubicada en
Guayaquil, que alberga a más personas privadas de la libertad, como en este
Gobierno se ha dado por llamar a las personas apresadas.
Otro objetivo de la emergencia carcelaria era la edificación de nuevos centros,
la definición de una nueva política penitenciaria y mejorar las condiciones en
las que viven los internos.
También se anunció la renovación de guías penitenciarios, que cobró especial
importancia.
En la Escuela Politécnica del Ejército (Espe), se formaron durante cuatro meses
cerca de 1 000 nuevos guardias de las cárceles.
Los primeros 152 egresaron en julio de 2010 y fueron destinados a los nuevos
centros de detención de Santo Domingo, Sucumbíos y Guayaquil.
En el purto principal funciona la cárcel de máxima seguridad, lejor conocida
como "La Roca", construida con fondos recolectados por empresarios de
la ciudad.
Los dos primeros centros fueron hechos con alrededor de $150 millones de fondos
públicos, asignados a través de los decretos de emergencia del Gobierno.
Para Sonia Andrade, coordinadora de la Veeduría Ciudadana del Sistema
Penitenciario, fue un error haber prescindido de los anteriores guías, a
quienes el Gobierno acusó de corruptos.
Según ella, hoy su experiencia hace falta, a propósito de la fuga de 18
reclusos de "La Roca", ocurrida hace 15 días.
La veedora asegura que el Gobierno aún tiene una deuda pendiente respecto a la
reforma en el área penitenciaria.
Lo mismo opina el penalista Ramiro García Falconí, para quien constituye
una grave equivocación esa renovación.
"Lo que se logró echando a los guías antiguos y nombrar nuevos fue
encargar el cuidado y seguridad de los presos a gente sin ninguna experiencia".
Agrega a ellos el problema de la corrupción carcelaria que, en su criterio, es
consustancial a esa institución y comienza desde la cabeza. "Es un negocio
en cadena, donde desde el director hasta el último de los guías participan.
Cuando usted va preso tiene que pagar por todo, comenzando por el
colchón".
Para el experto en seguridad Daniel Adler las sospechas de la Fiscalía sobre
los nuevos guías de "La Roca", tienen fundamento.
Él considera que fugas de esas características tienen complicidad interna en
niveles medios y bajos". Pero, lo más preocupante para Adle, es que la
facilidad con la que se realizó ese escape envía un mensaje a los delincuentes
presos y es un incentivo para las bandas que intenten escapar.
Tanto García como Adler consideran grave la situación de las cárceles en todo
el país.
Este año, en el penal García Moreno, tres cubanos escalaron los muros y se
escaparon.
Este diario, a través del departamento de Comunicación del Ministerio de
Justicia, solicitó una entrevista con la ministra Johanna Pesántez. El pedido
ni siquiera fue contestado. (MP)
Hay temor en Esmeraldas por murales y volantes
Propietarios de viviendas en Santo
Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas borraron murales en los que se ofrecen
recompensas por la captura de los 18 presos que se fugaron del centro
penitenciario La Roca, de Guayaquil.
Las leyendas fueron escritas por desconocidos en las paredes de las casas
ubicadas en varias vías de mayor movilidad.
En Esmeraldas se ofrece $100 mil por César Vernaza, conocido como "El
empresario", que lideraba la agrupación "Los Templados".
Él fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de dos personas en el
interior del nigth club Imperio, de su propiedad.
En una hoja volante, que se presume es de su autoría, y que fue repartida en
Esmeraldas, se dice que, desde el 12 de febrero (día de su fuga), no habrá más
sentenciados sin pruebas y que su venganza contra los jueces y fiscales que lo
condenaron a la cárcel será sin violencia pero con elegancia.
La elegancia, según consta en el panfleto, será denunciar actos de corrupción
de los funcionarios.
"Dios está conmigo y mi inteligencia es superior a la de ellos. Ahí les
dejo La Roca para ellos y para el ministro del Interior", dice la carta
supuestamente escrita por Vernaza.
Esa es la segunda hoja volante que envía desde la clandestinidad.
En Santo Domingo de los Tsáchilas, en cambio, se ofrece $50 mil de recompensa
por los integrantes de la banda "Los Choneros".
Se mantienen los operativos en las dos provincias y en el Departamento de
Nariño (Colombia) para rastrear a esas personas. (LFA)
Otra emergencia para agilizar contrataciones
"Jamás vamos a ver mejoras en el sistema carcelario, mientras se midan en
función de cárceles nuevas y más grandes con mayor capacidad".
La frase es del penalista Ramiro García Falconí, quien advierte que esa visión
lleva a perder de vista todo objetivo de rehabilitación, por lo que no se hace
nada dirigido a este fin.
Con un problema adicional. El experto señala que la seguridad de una sociedad
no depende de cuántos presos tenga y hace notar que se ha duplicado el número
de detenidos pero no se ha disminuido un punto en los índices de seguridad.
A ese pesimismo se suma el experto Daniel Adler, según el cual, el nivel de
inseguridad que se vive en Ecuador no tiene precedentes.
Según él, incluso las víctimas de delitos han dejado de denunciarlos en las
fiscalías pues consideran que nada ganan con eso, porque no creen en la
justicia y consideran que nada va a ocurrir.
Pero, según el ministro del Interior, José Serrano, las cosas van mejorando y
presentó cifras. Entre enero y diciembre de 2012 -dijo- se registró una
sensible disminución en cuatro de siete delitos medidos técnicamente.
Estos son: los homicidios o asesinatos con una disminución del 19,66%; el robo
a locales comerciales que bajó 0,61%; el robo de vehículos 2,71% y el robo en
carreteras 4,36%.
Estos cuatro delitos muestran una baja comparamos con 2011, según las cifras de
Serrano.
Otra acción es la emergencia por seis meses más decretada el 4 de enero, que
busca agilizar las contrataciones previstas en el Plan de Seguridad del
Ministerio del Interior. (Diario HOY-Ecuador)
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