Mineros del norte reclaman cumplimientos de acuerdos con la Enami EP

Pasivos ambientales abandonados por la minería de la zona norte
(Foto Luis Freire)

Las asociaciones de pequeños mineros de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, realizarán un nuevo reclamo formal a la Empresa Nacional Minera (Enami EP), que según ellos se han incumplido varios de los acuerdos firmado entre las partes el 15 de enero de este año.

Estas agrupaciones sesionaron el jueves pasado en Selva Alegre (Eloy Alfaro), en donde acordaron pedir un informe de las actividades realizadas por la Enami EP, manifestó Jesús Constantino, presidente de la Asociación de Pequeños Mineros del Norte de Esmeraldas.

La solicitud fue enviada la semana anterior en la que se incluye a Edilfido Castillo, presidente de la junta parroquial de Selva Alegre y de los directivos del Cabildo.

Además, se restituyan los frentes mineros para las 14 organizaciones de pequeños mineros del norte de Esmeraldas, que estarían desplazados por otras empresas foráneas que han sido calificadas por la Enami EP.

La empresa estatal trabaja en el proyecto Río Santiago con 38.787 ha que comprende el área de intervención, en remediación, exploración y explotación. Francisco Cruz, gerente de Seguridad y Ambiente de esta empresa, dijo que la minería ilegal de extracción de oro aluvial afectó unas 147 mil hectáreas en los dos cantones con un perjuicio al Estado de $600 millones.

Este informe fue elaborado por el Programa de Remediación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente, en 2011.

Afirmó que se ha legalizado a doce asociaciones, dos de ellas el año pasado que son Alto Santiago con tres frentes de explotación y Carolina con cuatro frentes, en la que laboran un promedio de veinte miembros de las mismas comunidades.

Pero los mineros asociados aseguran que están marginados y responsabilizan a Hernán Guasumba, gerente técnico de explotación y desarrollo de la estatal minera.

Constantino dijo que la documentación de los reclamantes será enviada a la Presidencia de la República, Ministerios y Organizaciones Ambientalistas y de Derechos Humanos, con un plazo de repuesta de ocho días. (JLF)