Boletas de prisión para mineros por destrucción al medio ambiente

Mina extractora de oro en Selva Alegre, cerrada: Foto Luis Freire

Cinco boletas de prisión y llamado a juicio en contra de mineros por daño ambiental pidieron los fiscales de San Lorenzo del Pailón y Eloy Alfaro, como parte del proceso de investigación a unos 200 frentes mineros en los dos cantones del norte de Esmeraldas.

La prisión es para Washington Armas y Marco Valenzuela, mientras que la indagación previa es para Isidro Caicedo, Walter Ramírez, Jimmy Caicedo, Juan Laborda, Nilo Escobar y David Hernández.

El pedido lo realizaron los fiscales Juan Neira y Luis Gonzáles, el 31 de mayo anterior y la audiencia oral de medidas cautelares se fijó para al día siguiente. La reunión no se cumplió porque la notificación no llegó a tiempo a los fiscales en mención y está prevista una nueva convocatoria, manifestó Segundo Caicedo, juez temporal multicompetente de San Lorenzo.

Este proceso es de los operativos realizados en enero de 2009 y noviembre de 2010 por delito ambiental y destrucción de zonas reserva y áreas protegidas. El fiscal Gonzáles explicó que esta contravención no está tipificado en el Código Penal pero si existe el respaldo en la nueva Constitución.

Por ello se realizó siete allanamientos en diferentes lugares el 15 de noviembre pasado, luego que se receptaron denuncias particulares. También se incautaron ocho retroexcavadoras y solo cuatro fueron transportadas al Comando de la Policía de San Lorenzo. Uno de estos equipos se cayó a un estero y su propietario presentó una demanda en el juzgado de Eloy Alfaro.

Tanto Gonzáles como Caicedo aclararon que ellos no devolvieron las máquinas como denunció el Ministro de Defensa, Javier Ponce. “El parte policial detallaba que no estaban matriculadas y no se les encontró en actividad minera ilícita”, dijeron.

Por este motivo los ochos mineros encausados judicialmente presentaron varios argumentos para evadir responsabilidades. Los fiscales lograron sindicarlos por la destrucción de 600 hectáreas de bosque, contaminación de los ríos y esteros, y compra excesiva de cupos de combustible, detalló Gonzáles.

En tanto el juez Caicedo dictó medidas cautelares desde el 28 de marzo pasado por pedido de la Defensoría Nacional del Pueblo. Entre las disposiciones fue la suspensión de extracción de oro, entrega de agua potable y atención básica a las poblaciones afectadas.

“La destrucción de 67 palas mecánicas de 132 encontradas en Eloy Alfaro y San Lorenzo, es responsabilidad de quienes ordenaron el operativo en base al decreto de excepción del 20 de mayo anterior que firmó el presidente de la República, Rafael Correa”, indicaron.

La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional que preside Marco Murillo y los asambleístas de Esmeraldas, Cesar Gracia y Altafuya, anunciaron llamar a interpelación a los Ministros del Interior, Defensa y Seguridad Interna, por “terrorismo y destrucción de bienes privados”, durante el operativo militar.

En tanto los mineros piden agilidad en el proceso de regularización y ofrecimientos que ofreció el presidente Correa, la semana anterior en Esmeraldas, dijo de su lado Mérice Caicedo, presidente de los mineros de la zona del Alto Santiago.

Solo técnicos de la Secretaría Nacional de Agua (Senagua) arribaron para realizar las inspecciones conjuntas con los mineros en San Lorenzo y Eloy Alfaro. (JLF)