Los asambleístas opositores Jorge Escala (MPD) y Fernando González (Ind.) denunciaron ayer que la ministra de Educación, Gloria Vidal –por disposición de la Presidencia de la República- ordenó con el carácter de "urgente y confidencial" al los directores provinciales de Educación que dispongan la realización de un “mapeo” de los planteles educativos fiscales, de sus autoridades y de sus representantes estudiantiles.
Según el documento, firmado por el asesor del despacho de la Ministra, Oswaldo Redrován Samaniego, el mapeo debía consistir en llenar una ficha en la que tenía que informarse si la institución educativa participa en algún movimiento, el tipo de afiliación política o gremial que tienen las autoridades, docentes y estudiantes, el grado de afinidad con el proceso político del Gobierno y si participan en movilizaciones.
Según informó el Ministerio de Educación, a través de un comunicado oficial, dicho asesor fue destituido de su cargo.
Acto de persecución
Según Jorge Escala, esto constituye un acto de persecución, "al puro estilo de los regímenes castristas", y aseguró que, con ello, el Régimen busca identificar a sectores detractores, indiferentes o afines al Gobierno.
Incluso afirmó que el 3 de octubre, el Ministerio de Educación ordenó, a través de la empresa Habitus (firma encuestadora), la colocación de cámaras de video en las instituciones educativas con el propósito de controlar la labor de los maestros y los estudiantes. "El Gobierno está convirtiendo las aulas en cárceles y a las autoridades en pesquisas del Régimen, violando el derecho constitucional a la integridad personal”, agregó González, quien no descartó plantear un juicio político a la Ministra de Educación o solicitar –si amerita- una sanción penal.
“Esto es una barbaridad jurídica que merece que el presidente, Rafael Correa, destituya a la Ministra, pues la Constitución es clara al señalar que nadie podrá ser perseguido, ni criticado por su afiliación política o religiosa”, señaló.
Rechazo
La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) Mariana Pallasco, rechazó la decisión. “Es reprochable la actuación del Gobierno, no puede utilizar este tipo de artimañas para amedrentar a los maestros”.
Según Pallasco, lo que el Régimen intenta es establecer “un mapeo político” violando e irrespetando la Constitución, “no sabemos qué se pretende con esto, ¿discriminar a los docentes que no están a favor de la ‘revolución ciudadana’?”.
“El Gobierno está haciendo una práctica inadecuada del poder, si quiere formar sus bases que lo haga, pero de una manera honesta y no ‘cazando’ a docentes”, mencionó.
‘Una torpeza’
El oficialista Gastón Gagliardo, vocal de la Comisión de Educación de la Asamblea defendió a la Secretaria de Estado y dijo que Redrován cometió “una torpeza” a título personal. “Su arbitrariedad y su fanatismo por querer averiguar la vida de las personas, le costó la destitución”.
Objetó además el anuncio de interpelación en contra de Vidal que debe sustentarse -sostuvo- en base a pruebas y una investigación. “Si Redrovan hubiese recibido órdenes de la Ministra, este funcionario no habría sido destituido del cargo”, señaló.
Asesor destituido
Según el Ministerio de Educación, Redrován pidió una información no autorizada a las direcciones provinciales, lo cual contraviene las políticas de gestión de este Ministerio, “que en ningún momento se ha interesado por la filiación política o gremial de autoridades de centros educativos, docentes o estudiantes, y mucho menos ha requerido ese tipo de información”, indica el comunicado de prensa.
EL DATO
La ficha debía contener al menos 20 datos personales de los ‘investigados’. (Diario La Hora)
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